Cuando una pareja decide divorciarse, el proceso judicial puede tardar semanas o incluso meses en resolverse. Para evitar conflictos y proteger los derechos de todos los miembros de la familia, la ley permite solicitar lo que se conoce como medidas provisionales en caso de divorcio. Estas medidas sirven para regular temporalmente la situación familiar mientras el juez dicta la sentencia definitiva.
En este artículo te explicamos qué son, cuándo se solicitan, qué aspectos regulan y cuánto duran.
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Las medidas provisionales son decisiones judiciales que regulan de forma temporal la situación de los cónyuges y, en su caso, de los hijos menores, mientras se tramita el divorcio.
Su objetivo es evitar situaciones de conflicto, desprotección o abuso durante el proceso, garantizando que los intereses de ambas partes queden salvaguardados.
Estas medidas pueden acordarse de dos formas. Antes de presentar la demanda de divorcio, si la situación requiere una actuación urgente. O durante la tramitación del procedimiento, una vez interpuesta la demanda.
Si cambian las circunstancias (por ejemplo, pérdida de empleo, mudanza, cambio en la situación de los hijos…), cualquiera de las partes puede solicitar una modificación de medidas ante el mismo juzgado.
Sin embargo, es necesario acreditar que existe una alteración sustancial y duradera respecto a la situación inicial. No basta con una variación temporal o mínima.
El juez puede adoptar todas las medidas necesarias para ordenar la convivencia familiar de forma temporal. Las más habituales están relacionadas con los hijos como la guardia y custodia de los hijos y el régimen de visitas.
El juez determina con qué progenitor vivirán los hijos menores mientras dura el proceso, pudiendo establecer una custodia monoparental o compartida. Y se regula cómo y cuándo el progenitor no custodio podrá estar con los hijos, incluyendo fines de semana, vacaciones y festivos.
También se asigna a uno de los cónyuges el uso del domicilio familiar. Lo habitual es que se otorgue al progenitor con quien convivan los hijos menores. Y se fija la cuantía mensual que un progenitor debe aportar para cubrir los gastos ordinarios de los hijos (comida, vivienda, ropa, educación…).
En algunos casos, el juez puede establecer una pensión temporal para el cónyuge económicamente más débil, hasta que se resuelva el divorcio. En esta línea se determina cómo se repartirán los gastos comunes del hogar, como hipotecas, suministros o deudas familiares.
El juez puede ordenar la administración y uso de los bienes gananciales para evitar su venta, ocultamiento o perjuicio económico.
Podemos distinguir entre dos tipos principales:
Se solicitan antes de iniciar el procedimiento de divorcio, cuando una de las partes necesita resolver cuestiones urgentes e inmediatas. Por ejemplo: decidir con quién se quedan los hijos o quién puede usar la vivienda familiar.
Una vez concedidas, el solicitante tiene un plazo máximo de 30 días para presentar la demanda de divorcio; de lo contrario, las medidas quedan sin efecto.
Son las que se solicitan junto con la demanda de divorcio o durante su tramitación.
Estas medidas se mantienen hasta que se dicta la sentencia definitiva, momento en el que pueden confirmarse, modificarse o extinguirse.
El procedimiento depende de si las medidas son previas o coetáneas a la demanda.
Si son medidas previas se presenta una solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio conyugal. El juez cita a ambos cónyuges a una vista urgente, normalmente en un plazo de 10 días. Tras escuchar a las partes y revisar la documentación, el juez dicta un auto judicial con las medidas provisionales.
El solicitante deberá presentar la demanda de divorcio en un plazo de 30 días desde que se dictaron las medidas.
Si son medidas coetáneas se incluyen dentro de la demanda de divorcio o en un escrito posterior. Se celebra una vista ante el juez, con intervención de ambas partes y el juez dicta auto con las medidas que regirán hasta la sentencia de divorcio.
Durante todo el proceso contar con un abogado especializado en divorcio es clave para proteger tus intereses y los de tus hijos.