Cuando pensamos en una orden de alejamiento, lo más común es imaginar situaciones de violencia de género o conflictos entre exparejas. Sin embargo, también puede haber casos graves dentro del núcleo familiar, donde un padre o una madre se ve en la difícil situación de plantearse: ¿puedo poner una orden de alejamiento contra mi propio hijo?
Aunque pueda parecer una medida extrema o impensable, lo cierto es que la ley española contempla esta posibilidad en situaciones donde la convivencia se vuelve insostenible o peligrosa. En este artículo vamos a explicarte en qué casos se puede solicitar, qué consecuencias tiene y cómo puede ayudarte un abogado penalista.
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Una orden de alejamiento es una medida de protección que prohíbe a una persona acercarse, comunicarse o establecer contacto con otra, ya sea en persona, por teléfono o por cualquier otro medio, como redes sociales. Es una herramienta que utiliza un juez, normalmente en el marco de un proceso penal, para proteger a la víctima de posibles daños físicos o psicológicos.
Se trata de una medida cautelar, es decir, que se puede imponer antes de que haya una sentencia definitiva, si existen indicios suficientes de que la persona protegida corre algún tipo de riesgo. También puede establecerse como parte de una sentencia si ya se ha probado un delito.
Aunque pueda resultar emocionalmente duro, sí es posible solicitar una orden de alejamiento contra un hijo, si se dan ciertas circunstancias. Esto suele ocurrir en contextos donde hay violencia física, amenazas, coacciones, insultos graves o situaciones que hacen que la convivencia ponga en peligro la integridad física o emocional del progenitor.
Por ejemplo:
Hijos que maltratan físicamente o psicológicamente a sus padres.
Hijos mayores de edad que acosan, extorsionan o intimidan a sus progenitores para obtener dinero o bienes.
Casos en los que hay un consumo de drogas o problemas de salud mental que derivan en conductas agresivas y repetidas hacia los padres.
Situaciones donde hay amenazas de muerte, de agresión o comportamientos violentos frecuentes.
En estos casos, el progenitor puede acudir a la Policía o al juzgado de guardia para denunciar los hechos y solicitar medidas de protección urgentes, entre ellas, la orden de alejamiento.
Cuando el hijo es menor de edad el procedimiento es diferente. Si el hijo es menor, los padres deben acudir a la Fiscalía de Menores o al juzgado de menores. En estos casos, el juez puede acordar medidas de protección que también incluyan la separación del menor del hogar o incluso su ingreso en un centro, si se considera necesario.
En cualquier caso, siempre se valorará el interés superior del menor, pero también la protección de la integridad física y mental de los progenitores u otros familiares que convivan con él.
Una vez concedida, la orden de alejamiento tiene efectos inmediatos y muy claros:
El hijo no podrá acercarse al domicilio del progenitor ni a otros lugares frecuentados por la víctima (trabajo, centros médicos, etc.).
No podrá tener ningún tipo de contacto, ni siquiera por teléfono o redes sociales.
El incumplimiento de la orden se considera un delito penal, con consecuencias graves como multas, prisión o antecedentes penales.
Además, dependiendo del caso, el juez puede imponer otras medidas, como la prohibición de residir en el mismo domicilio o incluso el desalojo inmediato del hijo de la vivienda familiar, aunque esté empadronado allí.
Una vez impuesta la orden, se activa un sistema de seguimiento para verificar que el hijo cumple las condiciones establecidas. En caso de incumplimiento, el progenitor debe denunciarlo inmediatamente, ya que saltarse una orden de alejamiento puede suponer penas de prisión.
La orden tiene una duración determinada, que puede ser prorrogable, y si la situación cambia, se puede solicitar su modificación o su levantamiento. Eso sí, siempre debe hacerse con autorización judicial.
Es importante entender que esta medida no tiene por qué ser definitiva. En muchos casos, sirve como un punto de inflexión para que se activen mecanismos de ayuda (terapia, tratamiento de adicciones, intervención de servicios sociales) y se abra la posibilidad de reconstruir la relación en el futuro, si las condiciones cambian.
Para que un juez conceda una orden de alejamiento contra un hijo, es imprescindible demostrar que existe un riesgo real para la seguridad o el bienestar del progenitor. No basta con tener una mala relación o haber discutido varias veces. Se necesita que haya indicios sólidos de que la situación ha sobrepasado los límites normales de un conflicto familiar y ha derivado en violencia física o psicológica, amenazas, coacciones o cualquier conducta que cause un daño grave o sostenido.
Uno de los elementos más importantes para que el juez valore esta medida es la presentación de pruebas. Aunque no es obligatorio contar con evidencias materiales, estas pueden reforzar mucho la solicitud. Por ejemplo, se pueden aportar mensajes de texto amenazantes, grabaciones, fotografías de lesiones, informes médicos, denuncias anteriores, testimonios de vecinos u otros familiares, o cualquier otro elemento que permita acreditar los hechos denunciados.
También es fundamental detallar con precisión la conducta del hijo que motiva la solicitud. En la denuncia, conviene explicar cuándo empezaron los problemas, qué tipo de agresiones o amenazas ha habido, con qué frecuencia se producen y cómo afectan al día a día del progenitor. Cuanto más clara sea la descripción de la situación, más herramientas tendrá el juez para valorar si es necesaria una orden de alejamiento.
Otro factor que se tiene en cuenta es el impacto emocional o físico que los hechos están generando en la persona que solicita la orden. Si existe ansiedad, miedo constante, alteraciones del sueño, estrés o cualquier otro síntoma relacionado, es recomendable mencionarlo, e incluso acompañarlo de un informe psicológico o médico si se dispone de él. Esto refuerza la percepción de que la situación no solo es incómoda, sino potencialmente peligrosa.
Solicitar una orden de alejamiento contra un hijo es una decisión muy difícil, pero en determinadas circunstancias, puede ser la única manera de proteger tu seguridad y tu bienestar. La ley española no distingue entre agresores por su parentesco, y garantiza medidas de protección para cualquier víctima, incluso dentro de la familia.
Si te encuentras en una situación de violencia familiar, lo más importante es actuar cuanto antes. Un abogado penalista puede orientarte desde el primer momento, ayudarte a valorar las opciones legales y darte el respaldo necesario para dar ese paso.