Regularizar tu situación en España es uno de los pasos más importantes para poder trabajar, acceder a servicios públicos y vivir sin preocupaciones. Cada año, miles de personas que se encuentran en situación irregular buscan cómo conseguir los papeles en España, pero desconocen cuáles son las vías legales y qué requisitos exige la ley.
En este artículo te explicamos todas las formas legales de conseguir los papeles y los requisitos más importantes. Y si necesitas asesoramiento para tu caso concreto, en nuestra plataforma de abogados Easyabogado encontrarás abogados especializados en extranjería que pueden guiarte paso a paso.
“Tener los papeles” significa contar con una autorización de residencia legal que te permita permanecer y, en muchos casos, trabajar en España. Esta autorización se tramita ante la Oficina de Extranjería correspondiente, y puede tener distintos tipos y duraciones según la situación del solicitante.
Conseguir los papeles no es simplemente “registrarse” o “empadronarse”, sino cumplir con un procedimiento administrativo completo que termina con la concesión de una tarjeta de residencia o de identidad de extranjero (TIE).
Hay varias vías legales que permiten obtener la residencia. Las más comunes son los arraigos, pero no son las únicas. A continuación te explicamos las principales:
El arraigo social es una de las formas más habituales de regularizar la situación. Se puede solicitar tras tres años de permanencia continuada en España, demostrando además vínculos familiares, integración social o la existencia de una oferta de empleo o proyecto de negocio.
Este procedimiento requiere presentar pruebas de tu tiempo de residencia (empadronamiento, facturas, citas médicas, etc.), un contrato de trabajo de al menos 30 horas semanales o un informe favorable de integración emitido por el ayuntamiento.
Se puede solicitar si llevas dos años en España y puedes demostrar que has trabajado al menos seis meses de forma legal o irregular. Suele aplicarse a quienes han colaborado con la Inspección de Trabajo o han participado en procedimientos judiciales que confirman su relación laboral.
Es una vía más limitada, pero permite obtener una autorización de residencia por un año, con posibilidad de renovarla o modificarla más adelante.
El arraigo familiar se concede a familiares directos de ciudadanos españoles o comunitarios, como hijos, padres o cónyuges. También pueden acceder quienes tengan un hijo menor de nacionalidad española o europea.
El arraigo para la formación, por su parte, es una opción reciente que permite regularizar la situación mediante la inscripción en un curso formativo oficial, lo que da derecho a obtener una autorización temporal de residencia mientras dura la formación.
Otra opción es solicitar asilo o protección internacional, aunque se trata de un proceso diferente, reservado para quienes huyen de persecución o conflictos en su país de origen. Este procedimiento no depende de los años de residencia, sino de la situación personal del solicitante.
Durante la tramitación, se entrega la tarjeta roja, que acredita la estancia legal temporal y da derecho a trabajar a partir de los seis meses.
Casarse o registrarse como pareja de hecho con una persona española o de la Unión Europea permite solicitar la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE. Este permiso otorga derecho a residir y trabajar en España en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano europeo.
En este caso, la relación debe ser real y estable, no un matrimonio de conveniencia y se deben presentar documentos que acrediten la convivencia y la vinculación.
Los documentos varían según la vía elegida, pero en general se requiere:
Pasaporte completo y vigente.
Empadronamiento actualizado.
Certificados de antecedentes penales (tanto del país de origen como de España).
Justificantes de medios económicos o contrato de trabajo.
Pruebas de residencia continuada (recibos, facturas, informes médicos, etc.).
Todos los documentos extranjeros deben estar legalizados o apostillados y traducidos al español por un traductor jurado.
Una denegación no siempre significa el fin del proceso. La Administración puede rechazar una solicitud por falta de documentación, errores formales o incumplimiento de requisitos, pero en muchos casos se puede presentar un recurso o una nueva solicitud.
Si recibes una resolución negativa, revisa los motivos detalladamente y, sobre todo, no dejes pasar los plazos. Tienes un mes para presentar un recurso de reposición o dos meses para recurrir ante los tribunales. En estas situaciones, lo más recomendable es contratar un abogado de extranjería, ya que podrá analizar la resolución, preparar el recurso y guiarte sobre la mejor estrategia.
El coste del trámite depende del tipo de autorización que solicites. Por lo general, tendrás que pagar una tasa administrativa (entre 10 y 40 euros según el tipo de residencia), además de los gastos por traducción, legalización de documentos y, si lo necesitas, los honorarios de un abogado especializado.
Aunque puede parecer un proceso largo, hacerlo correctamente desde el principio evitará denegaciones, esperas innecesarias o sanciones.