Cuando una pareja con hijos decide separarse o divorciarse, uno de los temas que más dudas genera es la pensión alimenticia. ¿Qué se paga exactamente con ella? ¿Incluye los gastos escolares? ¿Y las actividades extraescolares o el dentista? En este artículo resolvemos todas esas preguntas de forma sencilla, para que puedas entender qué cubre y qué no cubre la pensión alimenticia según la legislación española.

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¿Qué es la pensión alimenticia?

La pensión alimenticia es una cantidad de dinero que uno de los progenitores debe pagar al otro para contribuir al mantenimiento de los hijos cuando no conviven juntos. Está regulada en el Código Civil español y su objetivo es garantizar que los hijos mantengan un nivel de vida adecuado, a pesar de la separación o el divorcio de sus padres.

Es importante aclarar que este concepto de “alimentos” no se refiere únicamente a la comida. La ley entiende por alimentos todo lo necesario para el desarrollo del menor: su bienestar físico, emocional y educativo.

¿Quién tiene que pagar la pensión alimenticia? 

En la mayoría de los casos, el progenitor que no tiene la custodia habitual de los hijos es quien paga la pensión alimenticia. No obstante, si la custodia es compartida, ambos padres contribuyen de forma proporcional a sus ingresos y posibilidades económicas.

Lo más habitual es que esta obligación se fije en el convenio regulador aprobado por el juzgado, o directamente por el juez si no hay acuerdo entre las partes. La pensión alimenticia se tiene que pagar siempre que sea necesaria para el hijo, no existe una edad fija para dejar de pagar la pensión alimenticia. La obligación se mantiene mientras los hijos no sean económicamente independientes. Esto significa que puede extenderse más allá de los 18 años si los hijos siguen estudiando o no tienen recursos para mantenerse por sí mismos. 

¿Qué incluye el pago de pensión alimenticia? 

La pensión alimenticia incluye los gastos ordinarios de los hijos, es decir, aquellos que son previsibles, habituales y necesarios para su vida diaria. 

En primer lugar, incluye los gastos relacionados con la alimentación. Es decir, la compra de comida necesaria para que el menor tenga una dieta adecuada, saludable y acorde con su edad. Pero además, se considera parte de la pensión alimenticia todo lo que tenga que ver con el alojamiento habitual del hijo: esto incluye tanto el alquiler o la hipoteca del domicilio donde reside como los suministros esenciales como luz, agua, calefacción e incluso internet, ya que forman parte del entorno básico en el que vive y estudia.

Otro aspecto importante que queda cubierto son los gastos relacionados con la ropa y el calzado. Vestir al menor de forma adecuada para cada estación del año, con prendas básicas y escolares, forma parte de ese conjunto de necesidades básicas que la pensión alimenticia debe garantizar.

En el ámbito educativo, la pensión alimenticia incluye los gastos escolares ordinarios. Esto abarca la matrícula en un centro público o concertado, los libros de texto, el material escolar, el uniforme si es obligatorio, el comedor y el transporte escolar. En el caso de que el menor esté escolarizado en un centro privado, estos gastos sólo se consideran incluidos si ha habido acuerdo entre ambos progenitores. En caso contrario, pueden generar conflicto y considerarse gastos extraordinarios que se abonan aparte.

La asistencia médica básica también está incluida en la pensión alimenticia. Es decir, las consultas y tratamientos cubiertos por la Seguridad Social o, si se tiene contratado, por un seguro médico acordado por ambos progenitores. Sin embargo, hay tratamientos que no están cubiertos por el sistema público, como la ortodoncia, unas gafas o un tratamiento psicológico. Estos se consideran extraordinarios y no están incluidos en la pensión alimenticia ordinaria, como veremos más adelante.

En cuanto al ocio y tiempo libre, aquellas actividades que ya se realizaban con regularidad antes de la separación, como una clase de música semanal o el deporte escolar, podrían estar incluidas si forman parte del día a día del menor y han sido mantenidas con el consenso de ambos padres. Sin embargo, si se trata de actividades nuevas, de coste elevado o que uno de los progenitores no considera necesarias, lo más habitual es que se traten como gastos extraordinarios.

En resumen, la pensión alimenticia cubre todos los gastos necesarios y previsibles que forman parte del cuidado diario de los hijos: alimentación, vivienda, ropa, educación básica y atención sanitaria común. Todo aquello que forme parte de su rutina habitual y que sea imprescindible para su bienestar debe estar garantizado por esta pensión.

¿Qué gastos no se incluyen en la pensión alimenticia? 

Por otro lado, existen determinados gastos que, aunque también afectan a los hijos, no están incluidos en la pensión alimenticia ordinaria. Estos son los llamados gastos extraordinarios. Se trata de desembolsos no previsibles o no periódicos, que surgen de forma puntual y que, por lo general, requieren el acuerdo de ambos progenitores para ser asumidos.

Un ejemplo muy común de gasto extraordinario es la ortodoncia. Aunque se trata de un tratamiento médico necesario, suele tener un coste elevado y no siempre está cubierto por la sanidad pública. Lo mismo ocurre con las gafas o lentillas, ciertos tratamientos psicológicos, terapias específicas o intervenciones médicas no urgentes.

También se consideran extraordinarios algunos gastos educativos. Por ejemplo, si el hijo cambia de centro y se matricula en un colegio privado sin que ambos progenitores estén de acuerdo, o si se decide apuntarlo a un curso en el extranjero, a una academia de idiomas privada o a un campamento de verano. Estos gastos, por su naturaleza puntual y coste elevado, no se consideran cubiertos por la pensión alimenticia y deben ser sufragados aparte, normalmente a partes iguales, salvo que se acuerde otro reparto.

Para evitar conflictos, lo recomendable es que los padres lleguen a acuerdos por escrito sobre este tipo de gastos o que se recojan en el convenio regulador. Cuando no hay entendimiento, puede ser necesario acudir a un juez para que decida si un gasto concreto debe compartirse y en qué proporción. Por esta razón, en este tipo de casos suele ser importante contratar un abogado de familia que pueda analizar cada gasto y asesorar a la familia de la manera adecuada.